Análisis del reto planteado.
“Mi mamá me ha hecho para cenar un bocadillo mágico: pan con pan y yo me imagino lo que hay dentro”. Educo.
El eterno debate sobre el peso del sector público en la economía, o lo que es lo mismo, lo que debe o no debe suministrar el Estado, sigue más vivo que nunca.
Y es que hoy, por un lado, según datos de Eurostat, a pesar de que el peso del sector público en la economía española es del 40% del PIB, en España tenemos 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22,3%, datos de la agencia EFE. Esto significa que en España en el siglo XXI hay personas que pasan hambre.
Y, por otro lado, dos de cada diez personas son obesas en España según un estudio realizado en 2017 por un grupo de investigadores británicos en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto supone un alarmante segundo puesto europeo con un 25% de españoles obesos, problema que se traduce en enfermedades cardiovasculares o cánceres relacionados con un estilo de vida sedentario.
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿debe el Estado dar un paso más en su intervención en la economía para lograr la equidad y corregir la malnutrición que nos azota en todas sus formas? ¿debe tener un mayor protagonismo como en los países del norte de Europa donde su gasto público supera la media europea que alcanza el 46,6% del PIB? ¿debe el Estado dar un paso más y crear un sistema alimentario público que corrija el hambre y todos aquellos problemas de malnutrición que castigan a la población del siglo XXI?
Antes de entrar a desarrollar nuestra postura pasaremos a contextualizar el tema, donde entendemos por “sistema alimentario público” aquel plan estatal que mantendría a la población española provista de los alimentos básicos, con el fin de erradicar la malnutrición en todas sus formas. Y es que nuestro país ratificó en 1.976 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y, más aún, el derecho a disfrutar de una alimentación adecuada en cantidad y calidad.
Nuestra carta magna, en su artículo 38, reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, recogida en 1.776 por el que es considerado el padre de la economía, Adam Smith, en su obra ‘La riqueza de las naciones’. Con su metáfora de la “mano invisible” afirmaba que el egoísmo personal conduce al bienestar común, pero el hecho de que cada persona vele sólo por su propio interés también tiene consecuencias negativas como el tema que hoy se nos plantea.
Y es que nuestra industria alimentaria no cumple sus principios éticos ya que de nueve de cada diez anuncios de la televisión incumplen el código para proteger a los niños de la obesidad o tenemos que leer noticias de afirman que el lobby del azúcar consigue su objetivo al frenar el impuesto del azúcar en España, incluido en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas el pasado diciembre tras conocer que Coca-Cola suspendió una inversión millonaria en Portugal después de que sus presupuestos incluyeran un impuesto a los refrescos.
Afirmación.
Por todo lo anterior, y basándonos en los artículos 40 y 51 de la Constitución Española, que recogen respectivamente la función equitativa del Estado, así como la defensa de los consumidores, afirmamos que sí debe el Estado dar un paso más en su intervención en la economía para lograr la equidad y corregir la malnutrición que nos azota en todas sus formas, debe tener un mayor protagonismo y lo que es más importante debe crear un sistema alimentario público que corrija el hambre y todos aquellos problemas de malnutrición de una población que reside en una sociedad avanzada.
Justificación de la afirmación.
Es verdad que hace años, España no tenía un programa de salud público, y tampoco de educación. Pero hoy, somos ejemplo de ello. ¿Por qué no ser también pioneros con un régimen de alimentación pública que permita solucionar nuestros problemas alimenticios?
Con la implantación de un sistema de alimentación pública estaríamos matando dos pájaros de un tiro al erradicar el hambre y la malnutrición en España. Porque es función del Estado procurar la equidad de su país, porque es objetivamente viable y, por último, porque es beneficioso para toda la sociedad.
El sistema de alimentación pública español, en adelante, SAPE, es la solución a nuestros problemas ya que gracias a él nuestro Estado del Bienestar cumpliría con su función de eliminar la tasa de pobreza del 22,3% que padece España, según el INE. A través del SAPE se distribuirán los alimentos básicos como si de un sistema de salud pública se tratara logrando que ningún ciudadano volviera a pasar hambre. Y es más, con su tarjeta alimentaria se produciría un control de los alimentos suministrados para una asignación más eficiente de los recursos, los cuales, serían retirados en puntos de distribución alimentaria y, por último, los ciudadanos dispondrán de acceso a una aplicación móvil para aprender a comer, con información nutricional y un seguimiento de la actividad física del usuario para lograr hábitos de vida saludables en toda la población.
Muchos se preguntarán, ¿cómo vamos a pagar semejante sistema si a duras penas podemos hacer frente a nuestro sistema de pensiones? Pues nosotros afirmamos que el sistema planteado es objetivamente viable, y es que cuando hay voluntad política todo es posible, como la reciente actualización de las pensiones para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y las medidas que contemplamos para su financiación se basan en las siguientes razones: una mejor redistribución del citado presupuesto, la creación de impuestos especiales a los refrescos o alimentos altamente calóricos, el dinero que se destina a financiar a los bancos de alimentos, (el 85% del Fondo de ayuda europea para los más desfavorecidos (FEAD) y el 15% por el presupuesto de la Administración General del Estado), este dinero ya no tendría cabida y financiaría directamente a nuestro sistema alimentario público y, por último, la disminución de gasto sanitario, que por motivos de enfermedades como la obesidad tendría lugar y que supondrá hasta el 7% de ahorro, según afirma el vicepresidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Ignacio Bernabéu.
Conclusión.
Por todo ello, y concluyendo nuestra tesis, estamos en disposición de afirmar que un sistema alimentario como el descrito anteriormente es la solución a los problemas actuales de malnutrición, hambre y obesidad. Ha quedado demostrada la viabilidad económica del mismo al establecer nuevos impuestos a los productos altamente calóricos, reducción del gasto sanitario, mejor redistribución de las partidas en los presupuestos generales, etc. Y, por último, queda probada la eficacia e innovación de la propuesta ya que no es que la pobreza sea cosa de los países pobres o la obesidad de los países ricos, no, la malnutrición afecta a todos por igual y con el SAPE estaríamos poniendo solución al reto planteado.
¿Por qué no existe tasa de analfabetismo en España? Porque disfrutamos de una educación pública. ¿Por qué cuando me duele la cabeza tengo un médico que me atiende sin coste? Porque gozamos de una sanidad pública. Entonces, ¿por qué cuándo mis padres no pueden pagar la cesta de la compra me tengo que imaginar lo que hay entre dos rebanadas de pan?
Honoré de Balzac reconocido novelista francés, afirmó: “la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho”. Hoy nos vemos en condiciones de rebatir a este gran autor ya que, aunque es probable que la igualdad sea una de las mayores utopías, hay que empezar a andar.
El primer paso: una alimentación pública.
Bibliografía.
ONG Educo. (2013). “El bocadillo mágico”. Disponible en: https://youtu.be/B3Jjq-e-cYo
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